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Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores Comercio e Integración del Ecuador, Dr. Fander Falconí.
XXXIX Asamblea General de la OEA
Vocativos
Reciban todos los asistentes a esta Trigésimo novena Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el saludo del Presidente Rafael Correa y del pueblo ecuatoriano, a quienes tengo el honor de representar en esta crucial reunión.
Estamos aquí para iniciar una nueva fase de las relaciones americanas, impacientes por liberarse de tutelajes extraños. Las que harán posibles nuestros ideales y nuestro anhelo de integración. Y, ante todo, hemos venido a enmendar la injusticia cometida hace tiempo en contra de la hermana República de Cuba.
El mandato de la OEA estipula fortalecer la democracia, promover los derechos humanos y luchar contra la pobreza, el terrorismo, las drogas y la corrupción. Mucho de esto se ha cumplido, pero los yerros no han sido menos trascendentes que los aciertos. En estos momentos de cambios profundos cabe preguntarnos cuán satisfactoriamente hemos acatado los objetivos fundamentales establecidos en la Carta Constitutiva y en sus posteriores reformas. Es necesario, tras seis décadas, realizar un balance para aclarar el estado de la situación.
Haciendo un breve recuento de la historia, se nota que poco o nada hizo la OEA frente a las consecuencias de la sangrienta sublevación militar que pusiera fin al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en 1955. Lo mismo puede decirse del golpe de Estado que destruyó el orden constitucional chileno en 1973 y la actitud frente a la violación constante de los derechos humanos perpetrada por el régimen de Pinochet.
¿Qué se hizo en 1957 por impedir el fraude electoral que llevó al poder en Haití a Francois Duvaliar, la cabeza de un régimen de terror que duró hasta 1986? No se pudo impedir que Anastasio Somoza cometiera todas las atrocidades que cometió en Nicaragua, entre 1967 y 1979, ni evitar los cerca de 35.000 asesinatos, incluido el del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en El Salvador, entre 1978 y 1981.
Al continuar el balance, se observan resultados contradictorios en materia de derechos. Así, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han convertido en un importante referente regional, una vez agotadas las instancias administrativas y judiciales internas. En cambio, la lenidad presentada frente el capital transnacional ha permitido que éste sea capaz de ejercer mayores derechos que las personas. El capital puede demandar internacionalmente a los Estados en cualquier momento, incluso alegando que la ley interna es injusta.
Como se ve, la OEA sí se ha preocupado de crear instancias para salvaguardar los derechos humanos, pero no se ha instituido mecanismos para dirimir los conflictos entre el capital internacional y los estados, lo cual, por sus efectos sociales, puede afectar a los derechos humanos de nuestros pueblos.
En el caso ecuatoriano, la protección jurídica a la inversión extranjera está dada por los convenios internacionales que hemos ratificado, por las leyes de protección vigentes y por la norma constitucional que equipara los derechos de nacionales y extranjeros.
Más aún, la Constitución de la República es la primera en el mundo en elevar el principio de seguridad jurídica a la categoría de derecho constitucional. Con esta estructura jurídica, el inversionista –nacional o extranjero- puede demandar, en cualquier momento, si considera que su derecho constitucional a esa seguridad jurídica ha sido vulnerado; sin tener que esperar a que se produzca una diferencia relativa en materia de inversión.
No podemos permitir que un inversionista cualquiera, por importante que sea, tenga un estatus jurídico superior al de un Estado. En consecuencia, es necesario denunciar el Convenio Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, que origina el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, instancia arbitral privada del Banco Mundial al que deben subordinarse los Estados.
Proceder de esta manera no implica desproteger a la inversión extranjera. Implica perfeccionar una visión alternativa del arbitraje internacional en la que prevalezca la equidad para las partes, y no la superioridad de una de ellas. Para esto, en el seno UNASUR ya está consensuando la creación de un centro de asesoramiento jurídico para el arreglo de diferencias relativas en materia de inversiones. Esto sería, sin duda, el primer paso hacia el establecimiento de una jurisdicción arbitral regional, alternativa al CIADI y a los otros organismos de arbitraje internacional.
La concreción de esta visión alternativa no puede lograrse de un día para el otro. Es un proceso, un camino que, para ser distinto, no puede ser impuesto. Debe ser consensuado en función de las demandas de estos tiempos de crisis y de cambio acelerado, que superan las actuales estructuras, objetivos y principios.
Ahora bien, en una visión más amplia es necesario construir algo propio, realmente comprometido con los intereses de los países de Latinoamérica y el Caribe, que evite monitoreos extraños y que establezca un claro direccionamiento hacia la integración latinoamericana en: infraestructura, energía, defensa, ciencia y tecnología, políticas sociales, etc. Ya es hora de materializar el sueño de Bolívar y de atender los proféticos recelos de José Martí.
Con este propósito, el 10 de abril de 2008, el Presidente Rafael Correa se dirigió a los homólogos latinoamericanos proponiendo la creación de una Organización de Estados Latinoamericanos y del Caribe en base al Grupo de Río que, como colectividad de naciones independientes, sería el cuerpo que cobije nuestras esperanzas, que aporte de manera real a los principios de autodeterminación y solidaridad internacional.
La conformación de esta nueva organización no será un proceso sencillo ni exento de conflictos. Solo recordemos que la consolidación de la OEA demoró entre 1889 y 1948. Debemos ser más eficientes, sin duda, y la tecnología está de nuestro lado, aunque este ejemplo demuestra la magnitud del empeño.
Pero también hemos acudido a esta Asamblea a reivindicar principios fundamentales, olvidados en el viejo baúl de las negligencias. En el convivir internacional la soberanía del Estado se expresa como independencia y en su interior, como la superioridad en el ejercicio del poder. Estas son las dos manifestaciones de una sola y misma soberanía. La aplicación del principio de la libre determinación de los pueblos, permite establecer su condición política, definir su forma de desarrollo económico, su estructura social y sus valores culturales.
El respeto a la soberanía y a la libre determinación garantiza la igualdad entre Estados. Pero su irrespeto promueve asimetrías que se manifiestan como en el colonialismo. El colonialismo siempre ha querido eliminar toda diferencia, cualquier otredad. Las considera peligrosas, cuestionadoras, subversivas; trata de estigmatizarlas y proscribirlas, si no puede homogeneizarlas en el espacio que domina. Y, cuando no puede eliminarlas de ninguna manera, el miedo lo lleva a bloquearlas y aislarlas. Así de simple, así de inequívoco.
Hoy estamos aquí para rectificar la equivocación cometida contra la República de Cuba, en la cual Ecuador también tuvo una responsabilidad. Queremos enmendar la injusticia cometida hace tiempo en contra de la hermana República de Cuba, excluida de la OEA por practicar una ideología distinta.
La orden de aislamiento de Cuba, en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de Montevideo, en 1962, y la resolución de romper relaciones diplomáticas, comerciales y consulares, asumidas en la reunión de consulta de 1964, en Washington, fueron actos injustos y violatorios del Derecho Internacional Americano.
Fueron actos que atentan contra la soberanía de la hermana República de Cuba y que desconocen el principio de libre determinación que le asiste -como le asiste a cualquiera de nuestros países- para dotarse de la estructura política y social que más le satisfaga. Este acto discriminatorio atentó no solo contra Cuba, sino contra todos los países latinoamericanos y caribeños, marcando un camino de entreguismo y temor.
En este momento histórico tenemos la obligación -moral y jurídica- de rectificar, revocando estas ominosas decisiones. Ya sabrá la República de Cuba cómo asumir y qué hacer con esta reparación. Pedir condiciones tras cuarenta y siete años de aislamiento y bloqueo, por la supuesta culpa de asumir su destino, es poco menos que un absurdo. Nos corresponde tan solo pedir disculpas y, al pueblo cubano legítima y legalmente representado por el gobierno de La Habana, les corresponde decidir qué hacer con nuestra rectificación.
Esta es la hora de vernos todas las naciones americanas con respeto y en igualdad, de honrar nuestras diferencias, de buscar nuestras complementariedades, de rectificar nuestros errores y, sobre todo, de construir con esperanza las nuevas instituciones que demanda nuestro anhelo de integración.
Es la hora de ponernos al nivel de las demandas sociales de nuestros países, o la historia dará cuenta de nuestras viejas instituciones, desapareciéndolas por obsoletas y por desconectadas con la realidad.
Muchas gracias
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