SOBERANIA MARITIMA

Comisión Permanente del Pacífico Sur

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es un Organismo intergubernamental con personería jurídica de derecho internacional. Fue establecida mediante un convenio suscrito en Santiago, el 18 de agosto de 1952, por los Gobiernos del Ecuador, Perú y Chile. El Gobierno de Colombia se adhirió al sistema del Pacífico Sur el 9 de agosto de 1979.

A través de la "Declaración de Santiago", los Estados suscriptores proclamaron como norma de su política marítima internacional, la soberanía y jurisdicción exclusivas, que a cada uno de ellos les corresponde, sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. Así los mencionados países se alejaron de la antigua concepción de un mar territorial de 3 millas de ancho, sustentada con un criterio de neutralidad y defensa militar para adoptar una zona marítima de 200 millas, a fin de preservar los recursos vivos y no vivos de los países ribereños.

Los objetivos de la CPPS son los siguientes:

Para facilitar y coordinar las labores de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y de su Secretaría General, los países miembros disponen de una Sección Nacional adscrita a los Ministerios de Relaciones Exteriores. La Sección Nacional Ecuatoriana está conformada por el Subsecretario de Soberanía Nacional de la Cancillería, quien la preside; por el Director General de Intereses Marítimos, en representación del Comandante General de la Armada Nacional; por el Subsecretario de Recursos Pesqueros; por el Director General del Instituto Nacional de Pesca; por el Director del Instituto Oceanográfico de la Armada; y por un representante del sector pesquero privado.

La Secretaría General de la CPPS es el órgano ejecutivo de carácter permanente, el cual tiene a su cargo el cumplimiento de los mandatos emanados de las reuniones de Cancilleres y de las reuniones ordinarias de la Comisión, así como las tareas de coordinación, promoción y representación regional en las áreas jurídica, científica y de programación.

La Secretaría General está integrada, además, por secretarios adjuntos para Asuntos Jurídicos, para Asuntos Científicos y para Programación y Administración. La sede de la Secretaría General ha venido rotando cada 4 años entre los países miembros. Sin embargo, durante la VI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CPPS, efectuada en Santiago de Chile, del 14 al 16 de agosto de 2000, se le otorgó el carácter de permanente y se decidió ubicarla de forma definitiva en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Los proyectos que coordina la Comisión Permanente del Pacífico Sur cubren tres áreas básicas:

En este marco sus programas incluyen componentes destinados a promover la capacitación de personal, el desarrollo científico y tecnológico, la explotación racional de los recursos marinos y la legislación adecuada para coordinar tales tareas en el ámbito regional.

A partir de 1974, los países de la región del Pacífico Sudeste acordaron llevar a cabo una acción coordinada en las investigaciones oceánicas, climáticas y biológicas del fenómeno de El Niño, perturbación recurrente que tiene graves repercusiones socioeconómicas sobre todos los países ubicados en la costa del Pacífico suroriental, como es el caso del Ecuador, al afectar cada cierto tiempo (2-7 años), los medios de producción, la infraestructura costera y a la salud humana. En este sentido, se lleva adelante el proyecto "Estudio Regional del Fenómeno El Niño" (ERFEN), con la activa participación de instituciones científicas de Colombia, Chile, Ecuador y Perú y el respaldo de la COI y la OMM. En el Ecuador el INOCAR es el punto focal encargado de dicho proyecto.

El ERFEN es un programa de cooperación regional, coordinado por la CPPS, que estudia los cambios climáticos y oceánicos y su repercusión en la ecología y productividad costera de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, cuyas aplicaciones prácticas corresponden al mejor manejo de los recursos pesqueros y actividades agrícolas.

En aplicación de la Resolución No. 52/200 de las Naciones Unidas se realizó en Guayaquil, Ecuador, en noviembre de 1998, la I Reunión Intergubernamental de Expertos sobre el fenómeno de El Niño. Esta fue organizada por el Gobierno del Ecuador y la ONU y contó con el patrocinio de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. En ella se aprobó la Declaración de Guayaquil que, entre otras cosas, recomienda la adopción de medidas inmediatas para establecer en Guayaquil un Centro Internacional de Investigaciones sobre el Fenómeno de El Niño.

Dicho Centro estaría en capacidad de realizar los estudios necesarios para la predicción del fenómeno mediante el procesamiento de datos obtenidos con las tecnologías más avanzadas para el efecto, de tal modo de permitir la aplicación de medidas apropiadas a nivel regional, tanto de prevención, alerta temprana, respuesta y mitigación, como de rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. Los estudios científicos resultaran utiles en sectores socioeconómicos como la agricultura, la salud, el agua, la mitigación de desastres, la pesca y la producción y utilización de energía.

Por otro lado, el establecimiento del Centro es de importancia fundamental para la aplicación de una estrategia global para enfrentar el fenómeno de oscilación meridional en su totalidad esto es, tanto en su fase cálida como en la fría. Por esta razón prevé una amplia cooperación técnica y asistencia financiera, así como la transferencia de tecnología y la difusión de conocimientos científicos sobre el fenómeno de El Niño de importancia para el Ecuador, la región y el mundo.

El Gobierno del Ecuador, atento a esta preocupación global, a través del Comité Nacional ERFEN, con el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, elaboró a comienzos de 1999, el estudio de factibilidad para la creación de dicho Centro.

Tanto la Asamblea General como el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas han manifestado su apoyo a la creación del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño en la ciudad de Guayaquil y han formulado un llamado a la comunidad internacional a fin de que ofrezca la colaboración técnica, financiera y científica para su establecimiento.

Actualmente, el Gobierno del Ecuador está realizando las últimas acciones recomendadas por la Asamblea General con miras a iniciar la fase de ejecución de dicho proyecto, el cual tendrá como Punto Focal en el Ecuador al Comité Nacional ERFEN. El Gobierno del Ecuador confiere la mayor prioridad a este tema y considera necesaria la formulación de un compromiso firme con la CPPS en la fase de ejecución del proyecto CIIFEN, a través de la cooperación especialmente científica y técnica en el marco de su programa de investigación del fenómeno de El Niño.

Con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la CPPS logró establecer en 1981 el "Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste". El objetivo principal de dicho Plan es evaluar la contaminación proveniente de las actividades industriales, mineras y agrícolas y sus efectos, así como la contaminación del medio marino a través de la atmósfera, por el petróleo y por desechos domésticos. El citado Plan prevé, además, la realización de estudios especiales en áreas seleccionadas y un programa intensivo de capacitación de personal.

Durante la VI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CPPS, efectuada en Santiago, el 14 de agosto de 2000, se adoptó el "Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste" o Acuerdo de Galápagos, destinado a establecer un régimen para la conservación y explotación sostenible de los recursos en la zona de aplicación, esto es, más allá de las respectivas zonas de jurisdicción, con especial referencia a las especies que se consideren prioritarias, entre las transzonales y las altamente migratorias.

Dicho Acuerdo, que está abierto a la firma de otros Estados, permitirá avanzar en la regulación de un aspecto del Derecho del Mar, en la cual la normativa existente resulta insuficiente, a fin de establecer los mecanismos para la explotación sustentable de los recursos vivos marinos en las zonas de la alta mar adyacentes a los espacios marinos jurisdiccionales.