SOBERANIA MARITIMA

Dirección de la Marina Mercante y del Litoral

La Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral es un órgano técnico - administrativo, subordinado a la Comandancia General de la Marina, encargado de la ejecución de las políticas marítimas, fluviales y portuarias emanadas del Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, de conformidad con el Código de Policía Marítima y las convenciones internacionales de las que el Ecuador forma parte.

Sus funciones están vinculadas con la administración de las actividades propias de la marina mercante nacional, con el transporte por agua de personas y bienes, los puertos y terminales petroleros, así como el garantizar la vida en el mar. Estas le permiten participar también en la elaboración, aplicación y fortalecimiento de la legislación marítima destinada a regular y a controlar las actividades marítimas y portuarias en el país, el transporte marítimo internacional y de cabotaje, así como velar por el cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales en materia de seguridad para la navegación y la protección de la vida en el mar y la prevención y el control de la contaminación del medio marino, entre otras importantes funciones.

Asimismo, tiene bajo su responsabilidad la operación de las Superintendencias de Balao, La Libertad y El Salitral, las mismas que administran los terminales petroleros localizados en dichos lugares de la costa ecuatoriana. Los citados terminales fueron creados por leyes especiales a comienzos de la década del 70. En el año 1977 se expidió la Ley de Régimen Administrativo de los Terminales Petroleros con el fin de protegerlos y administrarlos de forma apropiada, considerando que en el sistema portuario nacional, revisten una singular importancia para la vida económica del país.

La Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral tiene a su cargo también el Comando de Guardacostas. Esta unidad desempeña una importante función relacionada con el control y vigilancia de los espacios marítimos jurisdiccionales con el propósito de evitar actos de piratería, vandálicos e ilícitos y actividades que puedan dañar el medio ambiente marino, así como para precautelar la seguridad de la navegación comercial internacional. Para el cumplimiento de estas tareas dispone de personal capacitado y de unidades navales adecuadas.

Finalmente, tiene a su cargo la aplicación de las obligaciones adquiridas por el Ecuador, emanadas de la OMI (ver Organización Marítima Internacional) y del Acuerdo de Viña del Mar de 1992, entre otros instrumentos internacionales.