INFORME DEL ESTADO ECUATORIANO PARA
EL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS
HUMANOS
INTRODUCCIÓN
1. El presente informe responde a una estructura
cuidadosamente diseñada y a un contenido que buscan
incluir la más completa y relevante información
sobre la situación de los derechos humanos en la
República del Ecuador, dentro de las directrices
y lineamientos proporcionados por el Consejo de Derechos
Humanos.
2. La manera más clara y fácilmente
asimilable que se encontró para cumplir con los objetivos
del informe es incluir los datos sobre antecedentes generales
del país e información sobre el cumplimiento
de las obligaciones internacionales en derechos humanos,
inclusive aquellos compromisos contraídos por Ecuador
cuando fue electo miembro del Consejo en el año 2006,
en el capítulo I.
3. En el Capítulo II se adopta la
clasificación de los derechos humanos de conformidad
con la doctrina internacional y se incluye información
sobre numerosos derechos cuya promoción registra
avances en el país. En el enfoque de cada derecho
se ha incluido los elementos esenciales que forman parte
de las directrices del Consejo de Derechos Humanos, reflejando
en cada derecho menciones a la principal normativa internacional
e interna, institucionalidad, políticas públicas,
logros y mejores prácticas, problemas y desafíos
por parte del Estado y la sociedad civil.
4. Finalmente, en el Capítulo III
se hace una exposición general y no exhaustiva sobre
los requerimientos que a nivel nacional tiene el Ecuador
para recibir cooperación internacional en el ámbito
de los derechos humanos.
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I. GENERALIDADES
I .1. DESCRIPCIÓN
DE METODOLOGÍA DE CONSULTAS PARA LA ELABORACIÓN
DEL INFORME NACIONAL.
5. El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración, a cargo de la Presidencia
de la Comisión de Coordinación Pública
para los Derechos Humanos ha ejecutado desde finales del
año 2007 una meticulosa estrategia de consultas entre
instituciones gubernamentales, ONG´s y actores relevantes
de la sociedad civil vinculados con la promoción
y protección de los derechos humanos en el Ecuador
.
6. Sobre la base de las directrices aprobadas
por el Consejo de Derechos Humanos para la preparación
del Examen Periódico Universal se remitió
por vía oficial a cada una de las instituciones consultadas,
un cuestionario con información importante que debía
ser aportada. Posteriormente, tuvieron lugar reuniones de
trabajo convocadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
en las ciudades de Quito y Guayaquil, en las que participaron
alrededor de cien instituciones y actores pertenecientes
a diversas provincias del Ecuador, donde se explicó
detalladamente los antecedentes y objetivos del Examen Periódico
Universal, la estructura del informe nacional, la metodología
de compilación de información relevante y
se comprometió a todos los convocados a una amplia
participación en este proceso.
7. El personal que ha trabajado en este
proceso en Cancillería realizó entrevistas
en persona a un aproximado de cuarenta actores fundamentales
en derechos humanos, pertenecientes a instituciones del
Estado y de la sociedad civil . Cancillería recibió
la respuesta a los cuestionarios, procesó esa información
e incluyó los datos substantivos en el informe nacional,
cuyo borrador fue proporcionado a las instituciones gubernamentales
previo a la edición de la versión definitiva.
El 19 de enero tuvo lugar en Cancillería una reunión
de socialización del informe con representantes del
Estado, ocasión en la que se recogieron las últimas
observaciones y aportes y se las incluyó en el texto
final. Asimismo, información sobre este proceso ha
sido divulgada con carácter permanente en el sitio
web del Ministerio de Relaciones Exteriores, así
también, a través de boletines que han sido
distribuidos a los medios de comunicación social
.
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I. 2. ANTECEDENTES
Y SITUACIÓN PÓLITICA DEL PAÍS.
I. 2.1. Breve
descripción del proceso político que vive
Ecuador y sus implicaciones en los derechos humanos.
8. Ecuador vive un proceso trascendental
en su historia. Actualmente se encuentra funcionando una
Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, como
resultado de la voluntad soberana y abrumadoramente mayoritaria
del pueblo ecuatoriano, el cual, en el año 2007 se
pronunció favorablemente en la consulta popular de
abril y en lo posterior eligió a sus representantes
a la Asamblea, en el proceso electoral de septiembre.
9. La Asamblea Nacional Constituyente,
se halla laborando desde el 30 de noviembre de 2007, tiene
como mandato fundamental el transformar el marco institucional
del Estado y elaborar una nueva Constitución Política.
A través de la realización de este mandato
se pretende crear las bases de una profunda transformación
política y socio-económica, así como
garantizar una amplia participación ciudadana en
la construcción de este proceso que regirá
la vida institucional del país.
10. En este contexto, el tema de los derechos
humanos ocupa un papel fundamental. Se procurará
que la nueva Constitución además de recoger
la riqueza conceptual y normativa de la Carta Magna de 1998,
aborde las nuevas corrientes del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y su progresividad, a fin de generar
mecanismos que permitan su garantía y eficaz ejercicio.
11. El proceso de transformar el marco
institucional del Estado también consistirá
en rediseñar una nueva estructura para la promoción
de los derechos humanos en el Ecuador, a fin de mejorarla
cualitativamente, complementar esfuerzos, contar con elementos
de mayor funcionalidad y eficiencia y garantizar la más
amplia participación de la sociedad en el diseño,
formulación y ejecución de políticas
públicas en este ámbito.
12. Dentro de esta realidad, el Gobierno
ecuatoriano tiene la voluntad política de dotar a
los derechos humanos de una dimensión preponderante,
de manera que su promoción constituya un eje transversal
en todas las políticas sociales y de desarrollo del
país. Esta decisión ha sido plasmada en el
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, promulgado luego
de un proceso de amplia consulta nacional.
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I.2.2. Principales
normas jurídicas en materia de derechos humanos.
Constitución Política y leyes secundarias.
13. La Constitución Política
del Ecuador, vigente desde agosto de 1998 es un instrumento
de avanzada que ha recogido la mayoría de derechos
humanos reconocidos en la normativa internacional. Consagra
entre sus principios fundamentales que, el más alto
deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos
humanos ; aquellos establecidos en la Carta Magna y en todas
las convenciones e instrumentos internacionales vigentes
como son, los derechos civiles y políticos, los económicos,
sociales y culturales, los derechos colectivos y difusos,
con una visión de universalidad, integralidad e interdependencia,
los mismos que serán directa e inmediatamente aplicables
por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad . Esta ha
sido una de las razones por las que Ecuador es reconocido
en la comunidad internacional como uno de los países
que contempla en su Constitución, normativa completa
para la protección de los derechos humanos.
14. Bajo este marco, la legislación
interna ha ido implementándose notablemente a través
de la creación de nuevas normas legales que comprenden
innumerables problemáticas y han incorporado principios
como el de la no discriminación en varias áreas,
especialmente en el tema de género (en la esfera
de la maternidad gratuita; salud sexual y reproductiva),
adultos mayores, personas con discapacidad; además
se codificaron normas como, los Códigos de Trabajo
y Penal (con nuevas reformas en cuanto a delitos sexuales);
y entre otras, las leyes de Migración y Extranjería.
15. Tras la adopción de la nueva
Constitución Política, como resultado de la
labor de la Asamblea Nacional Constituyente, el país
se avocará a armonizar la legislación secundaria
con la Carta Magna, en el ámbito de los derechos
humanos.
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I.3. CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.
I.3.1. Carta
de las Naciones Unidas, Declaración Universal de
Derechos Humanos e Instrumentos internacionales de los cuales
el Ecuador es Parte.
16. Ecuador ha colaborado permanentemente
con los diversos órganos de Naciones Unidas, de la
Organización de Estados Americanos, y organismos
de integración regionales. Desde muchos años
atrás ha mantenido una posición destacada
en varios ámbitos de los derechos humanos de estas
instancias internacionales .
17. Desde la integración de las Naciones Unidas,
Ecuador ha sido respetuoso de los principios y propósitos
de la Carta de Naciones Unidas de 1945, es así que
su política internacional entre otros compromisos,
conlleva el cumplimiento del mandato de la Carta: “reafirmar
la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad
y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas...”
.
18. Una muestra del respeto a los mandatos
de la Carta ha sido la adopción de la mayoría
de instrumentos internacionales de derechos humanos y la
observancia a los postulados de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos . Precisamente atendiendo a esta
normativa internacional, Ecuador ha insertado todos los
derechos humanos en su Carta Política y trabaja permanentemente
en un proceso de armonización de la legislación
interna con los instrumentos internacionales vigentes.
19. Para el seguimiento de sus compromisos
internacionales en el año 2002 se creó la
Comisión de Coordinación Pública para
los Derechos Humanos , como organismo interministerial a
cargo del diseño y seguimiento de los Informes Nacionales
de cumplimiento a las Convenciones de Derechos Humanos en
el ámbito de las Naciones Unidas, al respecto cabe
mencionar que Ecuador está al día en la presentación
de sus Informes Periódicos a los diversos Comités
de Naciones Unidas .
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I.3.2. Compromisos
contraídos voluntariamente por el país, en
particular aquellas presentadas cuando integró el
Consejo de Derechos Humanos.
20. Al integrar el Consejo de Derechos
Humanos el Ecuador se comprometió al fortalecimiento
de este órgano a fin de lograr la no selectividad,
la objetividad y la transparencia, posición que ha
mantenido ya sea como miembro activo en el período
2006-2007 y actualmente, como país observador.
21. Uno de sus compromisos fue dar tratamiento
a los temas de la agenda del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, lo cual lo logró a través
del copatrocinio de algunos instrumentos que el Consejo
adoptó y la Asamblea General aprobó, destacándose
sin duda entre otros, la Declaración Universal de
los Derechos de los Pueblos Indígenas .
22. Desde su participación en el
Consejo, Ecuador ha mantenido estrecha vinculación
con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
con oportuna atención en el ámbito interno,
a los pedidos de Relatores , además de colaborar
con las diversas visitas que éstos han realizado
a Ecuador.
23. Otro compromiso que Ecuador cumplió
acertadamente en su membresía anual en el Consejo,
fue el colaborar efectivamente en los Grupos de Trabajo
que diseñaron la nueva estructura institucional de
este nuevo órgano, así Ecuador contribuyó
con el diseño del Mecanismo de Revisión Periódica
Universal, los Procedimientos Especiales, el nuevo Procedimiento
de Queja, el Consejo Asesor y las relaciones con los Órganos
de los Tratados.
24. En cuanto el seguimiento a los compromisos
del Programa de Acción de Viena, Ecuador está
próximo a celebrar la primera década del Plan
Nacional de los Derechos Humanos, para lo cual se está
trabajando en una convocatoria nacional para la evaluación,
rediseño y convalidación de los Planes Operativos
del período 2003-2006 y el Plan. Este proceso sin
duda compromete la participación más amplia
posible de los organismos del Estado y de la sociedad civil
que le dieron a este Plan, el mérito de ser un ejercicio
participativo e incluyente en su máxima expresión.
25. Sobre el balance en cuanto el seguimiento
del Programa y Plan de Acción de Durban, Ecuador
participó activamente en la Reunión Regional
de Brasilia en julio de 2006 y está próximo
a realizar un Encuentro Nacional para revisar los avances
de este Programa.
26. En el tema de ejecución de los
postulados de la Conferencia de Beijing+5 y de la Conferencia
de Madrid, Ecuador ha avanzado en la protección de
los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente
mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
personas con discapacidad, temas que más adelante
se detallarán.
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I.3.3. El Plan
Nacional de Derechos Humanos del Ecuador.
27. Ecuador fue el primer país en
la región de América Latina en crear un Plan
Nacional de Derechos Humanos en 1998, en cumplimiento a
la recomendación de la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de Viena de 1993. Mediante un amplio proceso de
consultas a nivel nacional en 17 mesas, se diseñaron
propuestas para planes operativos de los que se generaron
en una primera etapa (2003- 2006), siete planes para los
sectores de: Consumidores; Diversidad Sexual GLBTT; Pueblo
negro o afro-ecuatoriano; Migrantes, Extranjeros, Refugiados,
Desplazados y Apátridas; Personas de la Tercera Edad;
Trabajo; y, Educación.
28. Es mérito del Plan Nacional
al cumplir una década de existencia, el haber desarrollado
una amplia estrategia de capacitación en casi todas
las provincias del país en materia de derechos humanos
como: la Trata de Personas, la Carta Andina de Derechos
Humanos, Migración y Refugio, Erradicación
de la Tortura, Diversidad Sexual, la Convención Iberoamericana
de la Juventud, Derechos de las personas adultas mayores,
entre otros.
29. A futuro se está planificando
una nueva etapa para la revisión y actualización
de los Planes Operativos y el Plan Nacional, en consonancia
con las demandas actuales del Derecho Internacional de los
derechos humanos y las necesidades nacionales .
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I.3.4. Cumplimiento
del Derecho Internacional Humanitario aplicable.
30. Ecuador es Parte de la mayoría
de instrumentos internacionales relativos al derecho internacional
humanitario . En agosto de 2006, luego de un proceso de
consultas a diversos sectores involucrados, fue creada la
Comisión Nacional de Derecho Humanitario , cuyos
objetivos principales son la difusión y aplicación
de las obligaciones del Estado y adecuación del ordenamiento
jurídico interno a las exigencias del DIH. La Comisión
Nacional ha venido ejecutando un Plan de Acción previamente
aprobado por los miembros, que incluye acciones relativas
al seguimiento del proceso de adhesión a los instrumentos
internacionales, adecuación de la legislación
al ordenamiento internacional, divulgación y capacitación
de funcionarios del Estado, profesores y especialistas y
sociedad civil en general, en el ámbito del DIH.
31. Desde la creación de la Comisión
Nacional se otorgó particular importancia a la capacitación,
a través de la realización de dos seminarios
en los años 2006 y 2007 y un “Encuentro Nacional
para la Promoción del DIH dirigido a altas autoridades
civiles y militares”, que tuvo lugar en Quito en noviembre
de 2007. Las Fuerzas Armadas del Ecuador se han preocupado
de avanzar en el proceso de promoción de la enseñanza
de los derechos humanos y del DIH en los institutos de formación
militar y de fomento de una cultura institucional de respeto
y promoción de los derechos humanos y del DIH.
32. Es importante mencionar que Ecuador
ha realizado varias publicaciones, mediante las cuales han
sido difundidos estudios e investigaciones de expertos nacionales
en DIH.
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I.3.5. Cooperación
con los Mecanismos de derechos humanos.
33. Ecuador ha mantenido una política
permanente de colaboración con los distintos órganos
de protección universal de derechos humanos, es así
que en el año 1999, visitó el país
la Experta Independiente de la Comisión de Derechos
Humanos sobre Derechos Humanos y Extrema Pobreza, y en el
2001, la Relatora Especial de la Comisión de Derechos
Humanos sobre los Derechos de los Migrantes.
34. En el año 2002, el Gobierno
ecuatoriano formuló una invitación abierta
a los mecanismos y procedimientos especiales de derechos
humanos del sistema de Naciones Unidas a fin de que visiten
el Ecuador y constaten “in situ”, la situación
imperante en derechos humanos. En este contexto, han visitado
el país, los siguientes Relatores y Grupos de Trabajo:
- Relator Especial de la Comisión
de Derechos Humanos sobre la Independencia de Jueces y Abogados,
señor Leandro Despouy (2005).
- Relator Especial sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
de los Pueblos Indígenas, señor Rodolfo Stavenhagen
(2006).
- Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (2006).
- Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios
como medio de violar los Derechos Humanos y obstaculizar
el Ejercicio del Derecho de los Pueblos a la Libre Determinación
(2006) .
- Relator Especial sobre el Derecho de toda Persona a los
más Altos Niveles de Salud Física y Mental,
Paul Hunt (2007).
35. En todos los casos de visitas al país el Gobierno
del Ecuador prestó la más decidida colaboración
en la elaboración de la agenda de trabajo y en la
acogida abierta e incondicional de todas las autoridades
gubernamentales requeridas por los mecanismos especiales,
así también la visita a todos los lugares
solicitados sin limitación alguna, y la más
amplia divulgación de los respectivos informes de
los Relatores y Grupos de Trabajo. Adicionalmente se hace
un seguimiento de las recomendaciones y conclusiones que
constan en dichos informes.
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II. SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS POR SECTORES
II.1. DERECHOS
CIVILES Y POLITICOS
II.1.1. Derecho
a la Integridad Personal.
36. El Estado ecuatoriano asume que el
derecho a la integridad personal comprende el respeto a
la integridad física, psíquica y moral de
toda persona. Por ello, ha adoptado medidas a fin de erradicar
actos o conductas que pongan en riesgo o lesionen la integridad
personal de los ciudadanos y ciudadanas. Entre ellas se
cuenta, haber incorporado en su normativa interna desde
1998 nuevas figuras jurídicas y estructuras orgánicas
que vigilen el cumplimiento de derechos fundamentales y
sancionen su inobservancia, tales como: la Defensoría
del Pueblo, el Ministerio Público, el Consejo Nacional
de la Judicatura; y entre otras, las Direcciones, Subdirecciones
y Comisiones de Derechos Humanos existentes en los Ministerios
de Gobierno y Policía, de Defensa, de Relaciones
Exteriores, Procuraduría General del Estado; y, Congreso
Nacional. En el 2007, a fin de contar con un ente coordinador
de todos los estamentos relacionados con la protección
y promoción de los derechos humanos se creó
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
37. Ha sido permanente en la normativa
constitucional ecuatoriana, la observancia y salvaguarda
sobre la importancia del derecho a la integridad personal
de los y las habitantes del Ecuador. En la Constitución
de 1998 se introdujeron figuras jurídicas importantes
para judicializar e impedir la impunidad de hechos y actos
que recaen en el ámbito de los delitos de lesa humanidad,
tales como genocidio, tortura, desaparición forzada
de personas, secuestro y homicidio por razones políticas
o de consciencia, declarando que las acciones y penas que
se instauren serán imprescriptibles . Además,
el Código Penal al respecto sanciona los delitos
cometidos por funcionarios públicos que sometan a
actos de tortura a personas privadas de su libertad . En
el ámbito de rehabilitación penitenciaria
en el año 2003 se diseñó el Proyecto
de Ley Orgánica de Ejecución y Penas para
crear condiciones para la rehabilitación y reinserción
social a las y los prisioneros del país.
38. El Comité contra la Tortura
y el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas,
determinaron en sus informes sobre Ecuador, recomendaciones
que recaen en el ámbito de la protección de
la integridad personal, como fueron, investigar casos de
torturas y malos tratos a comunidades indígenas,
minorías sexuales, mujeres y defensores de derechos
humanos. En cumplimiento de dichas recomendaciones el Ministerio
Público ha introducido como política institucional
la transversalidad de género en todo su accionar
y ha creado unidades especializadas de violencia intrafamiliar
en algunas provincias. Cabe mencionar que la Defensoría
del Pueblo cuenta con Direcciones Nacionales de Defensa
de los Derechos de la Mujer, Niñez e Indígenas,
que tienen a cargo la tarea de investigar alegaciones de
tortura. En cuanto a supuestos excesos con grupos de minorías
sexuales, es importante mencionar que el Estado ecuatoriano,
a través del Plan Operativo sobre Diversidad Sexual,
diseñó el proyecto “cuerpos distintos,
derechos iguales”, que busca fomentar la exigibilidad
de derechos con mecanismos de defensa y denuncia en casos
de violaciones a derechos humanos de las minorías
sexuales. En el caso de violaciones a los derechos humanos
por parte de Juntas del Campesinado pertenecientes a comunidades
indígenas, el Ministerio Público creó
una fiscalía indígena en la Provincia de Tungurahua
y están en proyecto la creación de otras en
las Provincias de Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura.
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II.1.2. Rehabilitación
Penitenciaria
39. Considerando las recomendaciones del
Comité contra la Tortura, en los años 2006
y 2007, el Gobierno declaró en emergencia al sistema
penitenciario a fin de resolver estructuralmente las deficiencias
del sector . Entre las medidas, vale mencionar la dotación
de recursos financieros adicionales para la readecuación
y mejoramiento de todos los centros de rehabilitación;
la construcción de nuevos centros en Esmeraldas,
Guayaquil, Bahía de Caráquez y Archidona,
y, el proyecto de construcción de una cárcel
municipal que actualmente lleva adelante el Municipio de
Quito. En el 2004 entró en funcionamiento un centro
de rehabilitación en Santo Domingo de los Colorados.
40. Un importante aporte para el descongestionamiento
en las cárceles y erradicación de problemas
de hacinamiento fue la declaratoria de inconstitucionalidad
de la detención en firme por parte del Tribunal Constitucional
a finales del 2006 .
41. Otro aspecto importante ha sido la
puesta en práctica de Convenios Bilaterales de Repatriación
y Traslado de Personas Condenadas con Colombia, El Salvador,
República Dominicana, España y Perú,
y personas sujetas al ámbito del Convenio de Estrasburgo
para traslado de personas condenadas (especialmente europeos).
Además se ha logrado el establecimiento de un régimen
que acoge a 1.850 personas condenadas (alrededor de 10%
de la población carcelaria del país), en el
régimen de prelibertad.
42. El Plan Nacional de Derechos Humanos
lleva adelante la implementación del Plan Operativo
de Derechos Humanos para Personas en Prisiones, por medio
de una Subcomisión integrada por entidades estatales,
organizaciones de derechos humanos y de prisioneros del
país, la que ha venido ejecutando tareas de capacitación
a guías penitenciarios en lo relacionado a derechos
humanos, con el eje transversal de la erradicación
de todo tipo de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;
además desde el 2006 ha realizado la difusión
de Manuales sobre el Debido Proceso Penitenciario, Modelos
de Visita a Prisiones y Folletos sobre Derechos Humanos,
que tienen como fin la erradicación de estas prácticas
atentatorias a los derechos humanos.
43. La Vicepresidencia de la República
conjuntamente con el Instituto de la Niñez y Adolescencia
-INNFA-, ha implementado exitosamente programas para la
reubicación de los hijos e hijas de prisioneras que
se encontraban dentro de los centros penitenciarios hacia
casas de acogida y su inserción en centros educativos.
En la misma línea se tiene previsto abrir centros
especializados de rehabilitación para adultos mayores,
donde puedan recibir una rehabilitación conforme
a sus necesidades específicas. Se ha contemplado
el funcionamiento del primer centro, en la ciudad de Quevedo.
44. Para la atención de salud a
personas privadas de la libertad se implementó en
un 90% el mobiliario y equipos médicos en los centros
de rehabilitación. Además se han ejecutado
programas de atención primaria en salud y se ha capacitado
alrededor de 11.000 internos e internas en la prevención
del VIH Sida e ITS; y 150 funcionarios entre médicos,
psicólogos, trabajadores sociales y odontólogos.
Para la atención a internos con adicciones a sustancias
psicotrópicas y estupefacientes se cuenta con el
programa de comunidad terapéutica modelo DAYTOP,
impulsado por funcionarios e internos mediante autogestión,
con una cobertura de 500 internos aproximadamente, todo
esto a pesar de las limitaciones que la infraestructura
carcelaria adolece.
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II.1.3. Prevención
y Erradicación de la Tortura.
45. En el año 2007 el Plan Nacional
de Derechos Humanos y la Subcomisión de Derechos
Humanos de Personas en Prisiones, lideraron varios espacios
para la difusión de la erradicación de la
tortura en Ecuador. Así, en junio de 2007, se realizó
la Campaña Mundial del Día Internacional de
Naciones Unidas en apoyo a víctimas de la tortura
(26 de junio) y bajo ese contexto se realizó un seminario
sobre el Delito de Tortura para un vasto público
de cerca de 500 personas en la Universidad Central del Ecuador,
con ponencias de expertos quienes, además de sostener
intercambios de información con autoridades nacionales,
también concedieron entrevistas en varios medios
de comunicación social.
46. En el mismo año se han emprendido
acciones de formación y capacitación a 60
expertos independientes del área médico, legal
y psiquiatría, en el marco del Proyecto de Implementación
del Protocolo de Estambul, que pretende formar a personal
independiente encargado de investigar y documentar eficazmente
los casos de tortura, quienes en calidad de peritos calificados
podrán intervenir en casos de tortura a ser presentados
ante las cortes nacionales e internacionales, a más
de la obtención de la reparación de las víctimas
y la sanción para los responsables. Este proyecto
impulsado por la subcomisión de derechos humanos
en prisiones, cuenta con el apoyo de organizaciones de la
sociedad civil, universidades, colegios de profesionales
de psicólogos y médicos. La segunda etapa
culmina en marzo de 2008.
47. En el 2006 luego de la entrada en vigor
del Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes,
Ecuador suscribió dicho instrumento en mayo de 2007
y se encuentra en proceso su ratificación. Es importante
mencionar también que se encuentra para segundo debate
en el Congreso Nacional, la aprobación del proyecto
de Ley sobre Delitos de Lesa Humanidad a fin de cumplir
con el compromiso de nuestro país como miembro del
Consejo de Derechos Humanos de fortalecer a la Corte Penal
Internacional.
48. Por otro lado, el Grupo de Trabajo
sobre Mercenarios, en su informe relacionado al trabajo
de las empresas de seguridad privada en Ecuador, destacó
la necesidad de contar con normativa que supervise y controle
sus actividades. Conforme, lo señaló el propio
Grupo, el primer paso hacia dicho avance fue la aprobación
de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada en el 2003.
En el 2007, el Municipio de Quito, expidió la Ordenanza
de Seguridad y Convivencia Ciudadanas como un esfuerzo para
regular y limitar la actividad de las empresas privadas
de seguridad.
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II.1.4. Acceso
a la Justicia y Reforma Judicial.
49. En el 2005, la Función Judicial
de Ecuador creó un precedente a nivel de América
Latina respecto a la implementación de un sistema
de selección de jueces y juezas que permite, a través
de concursos de merecimientos y la participación
de la sociedad civil, designar a operadores de justicia.
El ejemplo lo constituye la actual Corte
Suprema de Justicia, conformada en el año 2005 a
través de un proceso de concurso público con
veedurías nacionales y con la participación
de la ONU, OEA y la Comunidad Andina.
50. A fin de reforzar la institucionalidad
existente, en noviembre del 2007 se creó el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos –MJDH-, como ente coordinador
de las diferentes instituciones involucradas en la administración
de justicia, con el mandato de asegurar el acceso de todos
y todas a una justicia oportuna, independiente e imparcial.
Entre las tareas a desarrollar están: aprobación
de leyes en torno la Defensa Pública y reformas a
la Ley de Drogas, al Código de Procedimiento Penal,
Código de Ejecución de Penas, Ley de Gracia;
mejoras a los centros penitenciarios; difusión de
los derechos a los usuarios y usuarias de la administración
de justicia; acciones de coordinación entre los actores
del sistema de justicia; y otras afines a la generación
de proyectos de modernización del sector.
51. Resulta oportuno destacar la creación
de la Unidad Transitoria de Defensa Pública Penal
-UTDPP- adscrita al MJDH para la prestación del servicio
de defensa pública penal gratuita a personas privadas
de libertad de escasos recursos económicos. El objetivo
de esta Unidad es que, a mediano plazo no existan personas
detenidas sin sentencia en los centros de rehabilitación
del país .
52. Resultan de significación los
logros obtenidos por la UTDPP, en el corto período
desde su creación, los que pueden sintetizarse de
la siguiente manera: al 21 de enero de 2008 existieron 277
causas concluidas, 76 repatriaciones de personas extranjeras
y un total de 1.830 procesos en trámite. El Estado
contrató los servicios profesionales de abogados/as
de 14 centros legales en las dos ciudades con mayor población
carcelaria en el país. En Quito, 5 centros con 67
abogados/as y en Guayaquil, 9 centros legales con 116 abogados/as.
A diciembre de 2008 se prevé dar cobertura a 4.721
causas legales; la realización de un censo carcelario,
actualmente ejecutado por el Ministerio Público;
y la implementación nacional de un sistema informático
para el monitoreo de procesos judiciales.
53. En el ámbito de la administración
de justicia, en cumplimiento de las recomendaciones de Mecanismos
Especiales en Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte
Suprema de Justicia -CSJ-, expidió en el 2007, el
Reglamento que ordena la implementación de la oralidad
en los procesos judiciales en materia penal y laboral en
todo el país, con lo cual se pretende replicar los
excelentes resultados obtenidos en la administración
de Justicia en Cuenca . Además se cuenta con un nuevo
Reglamento que sanciona por lentitud judicial a los operadores
de Justicia. Por otro lado, la Corte Suprema ha impartido
instrucciones a las Cortes Superiores, juzgados y tribunales
de primera instancia para garantizar la aplicación
de la norma constitucional la cual establece que, los derechos
y garantías determinados en la Constitución
Política y en los instrumentos internacionales sean
directa e inmediatamente aplicables ante cualquier juez
o autoridad.
54. En el mismo año la CSJ formuló
el Plan Estratégico de la Función Judicial
para el Mejoramiento de los Servicios de Justicia para el
período 2007 al 2012, que comprende las políticas
de racionalización de cargos de los Juzgados de Primera
Instancia y la derivación de procesos judiciales
de pagos de alimentos a Centros de Mediación y que
se tramitan en Juzgados de la Niñez y Adolescencia
del país. Además se han creado nuevos juzgados
y tribunales en el país. Para ello también
ha existido un incremento significativo en el presupuesto
del 2008 con USD$ 199.245.623, cifra que representa un incremento
aproximado del 40% en relación al presupuesto del
año anterior.
55. En cuanto a las medidas de acción
positiva incorporadas al interior de la administración
de justicia, sobre su composición, se destaca que
en el 2007 la CSJ emitió Políticas Generales,
entre las cuales se cuenta la de designar por lo menos el
20% de mujeres en los cargos de servidoras judiciales.
56. A fin de asegurar los derechos de las
personas detenidas en las fases iniciales de la investigación
procesal, el Ministerio Público ha implementado las
unidades de delitos flagrantes para cumplir el principio
de inmediatez procesal entre la persona detenida, fiscal,
juez/a y abogado/a defensor/a. Por ello, y en acatamiento
a la Constitución, está prohibido el ingreso
de una persona detenida a un centro de detención,
si no se exhibe su boleta de privación de libertad.
57. Ecuador ha dado pasos decisivos para
obtener la Unidad Jurisdiccional. En relación al
fuero militar, en el 2007 el Congreso Nacional emitió
la Ley de Defensa Nacional en la cual determina que los
juzgados y tribunales militares pasen a depender de la Función
Judicial. De igual forma respecto al fuero policial, algunos
fallos de las Cortes de Justicia han creado Jurisprudencia
al dirimir conflictos de competencia en casos de violaciones
a derechos humanos, donde están involucrados agentes
de la fuerza pública, a favor de la justicia
ordinaria, cumpliendo la recomendación del Comité
contra la Tortura en restringir el fuero especial a delitos
de funciones.
58. La Procuraduría General del
Estado ha presentado dos proyectos en la Asamblea Nacional
Constituyente con el fin de viabilizar el Derecho de Repetición
e incorporar la figura de Ejecución de Sentencias
expedidas por organismos internacionales de protección
de derechos humanos, de modo que el Estado pueda recuperar
los montos que cancela por indemnizaciones a víctimas
o familiares de víctimas de violaciones de derechos
humanos, e instaurar procesos judiciales contra los autores
de aquellas violaciones conforme se dispone en resoluciones
o sentencias emanadas por Comisión o Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
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II.1.4.1 La
Comisión de la Verdad.
59. Ecuador como estado social de derecho
se caracteriza por la defensa de la persona humana y el
respeto a su dignidad. La Constitución Política
establece la obligación estatal de cautelar todos
los derechos, entre ellos el derecho al acceso a la justicia
en el que implícitamente está el derecho a
la verdad, bien jurídico colectivo e inalienable
con una dimensión individual, cuyos titulares son
las víctimas, sus familias y sus allegados. Esta
voluntad de investigar, esclarecer e impedir la impunidad
de hechos calificados como violaciones a los derechos humanos
se vio reflejada a través de la creación de
la Comisión de la Verdad, en mayo de 2007.
60. La Comisión de la Verdad se
encuentra conformada por representantes del Estado, organizaciones
de derechos humanos y familiares de víctimas, bajo
el mandato de investigar casos denunciados como violaciones
a derechos humanos, dentro del período de 1984 a
1988, perpetrados por agentes del Estado y que hayan comprometido
derechos fundamentales, como la vida, libertad, integridad
y seguridad personales. Actualmente, la Comisión
se encuentra en fase de recopilación de información
a través de un equipo de trabajo interdisciplinario.
El trabajo de este colectivo persigue la adopción
de medidas necesarias para la reparación y desaparición
de la impunidad, a fin de evitar que en el futuro se repitan
hechos que pongan en riesgo la dignidad humana y el respeto
a las instituciones estatales.
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II.2. DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
61. El Estado ecuatoriano ha realizado
una vigorosa gestión a favor de los sectores sociales
marginados para superar los desequilibrios, promover la
inclusión social y económica y generar las
condiciones de un pleno ejercicio de los derechos sociales.
Para el efecto, ha destinado una ingente inversión
económica y generado políticas públicas
multisectoriales y convergentes. Esta voluntad política
se ha traducido en niveles de inversión para el sector
social que han llegado a USD$3.000 millones en 2007, los
cuales superan notablemente a los USD$2.200 millones destinados
el año anterior. Por primera vez en muchos años
se logra que, el porcentaje del presupuesto destinado al
sector social, haya sido mayor al porcentaje correspondiente
al servicio de la deuda externa. Una de las políticas
más relevantes en esta área es un incremento
en el Bono de Desarrollo Humano –BDH-, el cual beneficia
a 1´200.000 familias de escasos recursos, que corresponden
al 40% de las familias más pobres, así como
también se ha beneficiado a madres, adultos mayores
y personas con discapacidad.
62. La inclusión económica
y social ha alcanzado una prioridad en las políticas
públicas sociales. Para el efecto, existe un Plan
Nacional en este ámbito, que atiende a sectores tradicionalmente
marginados y comprende programas como el de Fomento y Fortalecimiento
de las MYPES (Micro y Pequeños Productores), con
el objeto de incluirlos en los programas de compras públicas
y de alianzas público-privada, brindándoles
servicios financieros y no financieros, o también
a través del Programa “Nutriendo al Desarrollo”,
en el que participan pequeños productores de leche,
cubriendo el 98% de las compras públicas de leche,
lográndose, además, aumentar sus niveles de
ingreso de 1.130 pequeños productores lecheros, mejorando
sus ingresos familiares.
63. Otro avance constituye el Programa
de Desarrollo Rural PRODER, que promueve la gestión
participativa y concertada del desarrollo local, entre los
gobiernos seccionales, municipales y parroquiales, organizaciones
de base, y ONG’S. Se cuenta también con el
Programa de Compras Públicas “Hilando el Desarrollo”,
que involucra a los artesanos y pequeñas empresas
del sector de la confección, mediante el cual, en
el 2007 se entregó, sin costo, uniformes a 94.793
niños y niñas de las escuelas rurales del
país.
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II.2.1. Derecho
a la Salud.
64. El Estado ecuatoriano concibe a la
salud como uno de los ejes de los derechos sociales y le
otorga la máxima prioridad en las políticas
de desarrollo y equidad social. Este derecho humano está
garantizado a través de la gratuidad en la atención
de consulta externa como parte de un proceso que culminará
con la gratuidad total del Sistema Nacional de Salud. Además,
se busca universalizar el acceso a las prestaciones de la
seguridad social, en especial al seguro de enfermedad y
maternidad, así como elevar sustancialmente los niveles
de calidad en las casas de salud públicas.
65. La atención en salud ha sido
tradicionalmente uno de los campos en donde el Estado ha
registrado mayor déficit. Conscientes de esa realidad,
el Estado ecuatoriano viene realizando una reforma integral
al Sistema Nacional de Salud y otorgando todos los recursos
para superar a corto y mediano plazos esta deuda histórica.
66. A partir del año 2007 se ha incrementado ostensiblemente
la inversión pública en salud, destinándose
la cifra de USD$ 757 millones, lo que representó
un 31.42% de incremento respecto de la inversión
en 2006. Para el efecto, se declaró el estado de
emergencia sanitaria a través de lo cual se ha conseguido
mejorar la infraestructura, equipamiento, incrementar la
plantilla de profesionales médicos y poner los medicamentos
al alcance de la población. Asimismo, está
en pleno proceso la readecuación y equipamiento de
unidades de salud en todas las provincias del país
(hospitales, centros y subcentros de salud). También
se prevé la contratación de cinco mil profesionales
de la salud adicionales, a nivel nacional, pues ya han sido
vinculados 2.900 profesionales médicos de las más
diversas especializaciones, lo que permite la implementación
del modelo de protección de atención de salud
y comunitaria.
67. Adicionalmente, se han organizado brigadas
de salud a nivel nacional que trabajan en lugares con mayor
marginalidad social, las mismas que han incluido la práctica
de cirugías. Para el año 2008 se ha previsto
reforzar esta campaña al igual que otras, donde el
Gobierno ecuatoriano no ha escatimado la ejecución
de esfuerzos, tales como: Plan Nacional de Reducción
de la Mortalidad Neonatal; Programa Nacional de VIH/Sida;
Programa de Control de la Tuberculosis; Programa Ampliado
de Inmunizaciones; Campaña para detección
oportuna de cáncer de mama; maternidad gratuita,
entre otras.
68. Atendiendo a una invitación
oficial del Gobierno, el Relator Especial sobre el Derecho
de toda Persona a los más Altos Niveles de Salud
Física y Mental, Paul Hunt, visitó el Ecuador
en el mes de mayo de 2007 con el propósito de verificar
los efectos de las aspersiones aéreas con glifosato
que realiza Colombia en la zona limítrofe con el
Ecuador, lo que produce efectos en la salud de las personas
y el medio ambiente en territorio fronterizo septentrional
del Ecuador. Además su visita le permitió
conocer el estado general de la salud en el país.
El Gobierno ecuatoriano recibió con sumo interés
el informe emitido en enero de 2008 por el relator y ha
hecho llegar sus comentarios y observaciones al mismo.
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II.2.2. Derecho
a la educación. Educación y Sensibilización
en Derechos Humanos.
69. La principales políticas públicas
de carácter integral están contenidas en el
Plan Decenal de Educación 2006-2015, aprobado como
política de Estado vía referéndum nacional
en el 2006, cuyas metas como: la universalización
de la educación inicial y básica; erradicación
del analfabetismo; revalorización de la profesión
docente por medio del mejoramiento de su formación
inicial; y, capacitación permanente, están
muy adelantadas y se estima cumplirlas hasta el 2010. Este
plan también contempla el mejoramiento de la infraestructura
física y equipamiento de las instituciones educativas,
mejoramiento de la calidad de la educación y aumento
de la inversión en el sector educativo hasta llegar
al 6% del Producto Interno Bruto en el año 2012.
70. Bajo la gestión del gobierno
actual se han destinado recursos financieros adicionales
a la educación (en el año 2007 se destinaron
USD$ 1.460 millones, cerca de un 20% adicional a la inversión
destinada en 2006), que han permitido incrementar sustancialmente
las remuneraciones a los docentes, crear 12.000 nuevos puestos
de maestros y maestras, aumento de cobertura de estudiantes,
entrega de textos escolares y del uniforme escolar gratuitos
en los centros de enseñanza fiscales. Esta política
va de la mano con el establecimiento de parámetros
rigurosos para la selección de nuevo personal docente
y realizar ascensos en el escalafón de maestros,
con lo cual se busca mejorar sustancialmente la calidad
de la educación.
71. En el campo de la Educación
para la Democracia y los Derechos Humanos, existen varias
acciones de relieve entre las cuales se destaca el Programa
Educación para la Democracia, institucionalizado
mediante ley, el cual se orienta a la adquisición
de valores. Este programa establece un eje transversal en
valores, democracia, integración, igualdad, justicia
y derechos humanos, de manera que a futuro priorice aspectos
como inclusión social, interculturalidad, educación
ambiental, educación sexual y educación vial.
72. A partir de 2006 se vienen impulsando
campañas nacionales de educación centradas
en difundir los derechos y deberes contemplados en la Constitución,
al igual que la creación de Manuales de Convivencia
en escuelas y colegios de conformidad con los estándares
internacionales de protección de derechos humanos.
73. En el ámbito concreto de los
derechos humanos, algunas universidades públicas
y particulares del país han insertado estudios superiores
con especializaciones en derechos humanos a nivel de diplomado
y maestría.
74. Por su parte, la Procuraduría
General del Estado presentó en el año 2007
un plan de capacitación dirigido a funcionarios encargados
de hacer cumplir la Ley, referido al respeto de los derechos
humanos. Actualmente se encuentra en proyecto la creación
de un Comité Interinstitucional para que ejecute
programas de Capacitación en derechos humanos y tratamiento
de reclusos dirigido a personal policial, penitenciario
y judicial.
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II. 2. 3. Derecho
a la Cultura.
75. En enero de 2007, el Gobierno Nacional
creó el Ministerio de Cultura, declarando política
de Estado el desarrollo cultural del país. Estas
medidas tienen como objetivo la integración ciudadana
al proceso de creación de la cultura para el diseño
y la ejecución de proyectos culturales, el fomento
del arte y la investigación.
76. Este Ministerio elaboró una
propuesta básica de políticas y acciones denominado
“Diálogo Nacional por la Cultura”, para
reconocer al pueblo como creador y depositario de la cultura
en todas sus variadas expresiones. Los técnicos del
Ministerio y de la UNESCO, junto con representantes de los
actores culturales, se encuentran procesando los elementos
orientados a la estructuración de un Plan Nacional
de Cultura, que contiene las políticas culturales
de largo alcance que el país necesita.
77. Cabe mencionar que el Estado ecuatoriano
cuenta además desde febrero de 2007, con la Secretaría
de Coordinación de Patrimonio Cultural y Natural,
a cargo de la concertación de las políticas
y las acciones relativas al área de capital intangible
ejecutadas por los Ministerios de Cultura, de Deporte, del
Ambiente, de Turismo, de Educación y de Salud.
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II.2.4. Derecho
al Trabajo.
78. Las políticas públicas
ejecutadas a partir de 2007 se orientan a la creación
de empleo incluyente y no discriminatorio, que fomente un
mayor bienestar individual y social, genere capacidades
en la personas y sea productivo bajo condiciones de igualdad,
seguridad y dignidad.
79. En el último año se han
ejecutado acciones orientadas a erradicar la intermediación
laboral y tercerización del empleo, buscándose
reimplantar la relación directa entre el empleador/a
y el trabajador/a. Se han realizado avances para la eliminación
de las disparidades salariales entre sectores de trabajadores
a través de incrementos salariales a sectores tradicionalmente
sub-remunerados, como es el caso de los y las trabajadoras
del servicio doméstico que recibieron un incremento
del 50% de la remuneración básica y para los
trabajadores en general con un 20% de incremento a su salario
mínimo.
80. En el 2007 se ha continuado el trabajo para la prevención
y erradicación progresiva del trabajo infantil, logrando
retirarse en el 2007, a 215 niños/as de centros de
trabajo y legalizar la situación laboral de más
de 200 adolescentes, entre 15 a 18 años de edad.
Para esto fue necesario capacitar a un equipo de inspectores
en el manejo de los derechos humanos, como eje transversal
del tema laboral.
81. Se han adoptado medidas técnicas
en la planificación y ejecución de programas
preventivos al interior de las empresas y obras de construcción
para la implementación del Plan Nacional de Salud
y Seguridad en el Trabajo, mediante campañas de capacitación
y sensibilización en temas de seguridad y salud laboral.
82. Los y las jóvenes fueron los
beneficiarios del programa Mi Primer Empleo. Entre agosto
y diciembre de 2007, 581 jóvenes fueron parte del
programa de pasantías pagadas en instituciones públicas
y privadas del país.
83. Durante el 2007 se han emprendido programas
de generación de empleo, como la promoción
de las compras del Estado a las micro y pequeñas
empresas, así como a los gremios artesanales, que
han beneficiado a 19.162 personas a nivel nacional. Además
se ha impulsado la inclusión laboral de población
con discapacidad, logrando que se inserten 602 personas.
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II.2.5. Derecho
a la Vivienda
84. El Estado ecuatoriano ha colocado entre
sus prioridades de política social el acceso a una
vivienda y servicios básicos dignos. A partir del
año 2007 el Gobierno ecuatoriano aumentó significativamente
el subsidio del Estado para la adquisición de vivienda,
duplicando el bono de vivienda a favor de las familias a
la cifra de USD$ 3.600 por cada una, además se duplicó
el bono para financiar el mejoramiento de la vivienda urbana
y se cuadruplicó el bono en el área rural.
Se han entregado hasta el momento 60.000 ayudas con una
inversión del orden de los USD$ 180 millones. El
Banco Ecuatoriano de la Vivienda financia numerosos planes
y programas de vivienda social en todas las provincias del
país con énfasis en la atención de
la demanda de vivienda de 5.571 familias damnificadas por
la erupción del volcán Tungurahua. Adicionalmente,
existen acciones para la legalización de la propiedad
de la tierra a favor de 220.000 familias de escasos recursos
económicos, con bonos de titulación de lotes
para vivienda.
85. En este sector han sido invertidos
USD$ 246 millones en el año 2007, inversión
que supera en 95.2% a la efectuada en el 2006. Para el desarrollo
urbano se incrementó la inversión social del
Gobierno central y seccionales, en programas de regeneración
de vías urbanas, construcción de mercados,
mejoramiento integral de barrios. El proceso ha sido complementado
con programas de dotación de agua potable, saneamiento
y manejo de desechos sólidos ejecutados en los más
diversos sectores del país tradicionalmente marginados.
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II.2.6. Derecho
a la Alimentación.
86. En 1998, Ecuador declaró como
política pública prioritaria, la Seguridad
Alimentaria. En el año 2002 se constituyó
la Mesa de Coordinación de Seguridad Alimentaria
y Desarrollo Rural, conformada por 25 organismos tanto nacionales
como internacionales.
87. En el año 2006 se aprobó
la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ecuador
entendida como un derecho humano que garantiza a todo habitante
del país el acceso a una alimentación suficiente
y de calidad para una vida sana y activa, acorde al Derecho
a la Alimentación contemplado en el Art.12 n.1 del
Protocolo de San Salvador . Además se establece un
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria donde interactúan
instituciones y organizaciones públicas, privadas
y comunitarias con enfoque intercultural y de género.
Para su implementación se creó el Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN)
integrado por Ministerios del Frente Social y entidades
públicas, seccionales y autónomas e instituciones
privadas.
88. A partir del año 1999 se registra
una tendencia decreciente del problema de desnutrición
como resultado de políticas públicas tales
como la maternidad gratuita, la promoción de la lactancia
y alimentación para los niños. Además,
se cuentan los programas dirigidos a la ciudadanía
en el aprendizaje de temas nutricionales y otros orientados
a la entrega de alimentos fortificados, entre los que están:
el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición
(PANN 2000); el Programa Aliméntate Ecuador (PAE),
que ha contemplado la entrega de 777.977 raciones a 259.326
beneficiarios, incluyendo niños y niñas de
2 a 5 años, adultos mayores de 65 años y personas
con discapacidad de todas las edades; el Programa de Alimentación
Escolar; el Programa de Micro Nutrientes; y, el Programa
NUTRINNFA.
89. En términos presupuestarios
la inversión al Programa de Alimentación Escolar
pasó de USD$ 19.2 millones en el 2006 a USD$ 30 millones
para el 2007. Una evaluación reciente del PANN 2000
destaca su contribución significativa en la lucha
por la disminución de la desnutrición global
y la anemia en el país. Vale resaltar que estos programas
se extienden a menores de 15 años de edad.
90. Entre los principales retos en este
campo figuran el fortalecimiento de los programas dirigidos
para erradicar la desnutrición, a través de
la ampliación de cobertura focalizada a grupos de
mayor pobreza, especialmente de hacia los menores que habitan
las áreas rurales del país.
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II.3 DERECHOS
DE LOS GRUPOS HUMANOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
II.3.1. Derechos
de las Mujeres.
91. A fin de promover la promoción
y protección de los derechos humanos de las mujeres,
Ecuador está cumpliendo las obligaciones contraídas
en el marco de instrumentos regionales y universales , en
aras de eliminar la desigualdad de género en la enseñanza
primaria y secundaria, promover la autonomía de la
mujer y reducir la mortalidad materna. Del mismo modo y
como miembro del Consejo de Derechos Humanos, se cuenta
su compromiso de cumplir con los objetivos de la Conferencia
Mundial Beijing + 5.
92. La Constitución ecuatoriana
garantiza la igualdad de acceso y de oportunidades en la
participación entre hombres y mujeres en los diferentes
ámbitos de la vida pública y privada; los
procesos de elección popular; las instancias de dirección;
la administración de justicia; y, los estamentos
estatales. Por ello, también existen normas de diversa
naturaleza que regulan la aplicación de derechos
a favor de la mujer ecuatoriana.
93. Para la exigibilidad de aquellos derechos
y la formulación y promoción de políticas
públicas con enfoque de género, en el año
1997 se creó el Consejo Nacional de las Mujeres –CONAMU-
, como resultado de un consenso entre las demandas de las
mujeres y la voluntad política del gobierno, cuyo
directorio está conformado por representantes del
Ejecutivo y de las organizaciones nacionales de mujeres,
bajo el modelo de corresponsabilidad Estado-Sociedad Civil.
94. En cumplimiento de aquellas demandas,
el CONAMU trabaja en la transversalización del enfoque
de género en las instancias del Estado, posibilitando
la creación de mecanismos para la igualdad de género
en varios Ministerios Sectoriales y otras entidades del
Sector Público: Dirección de Género
en el Ministerio de Gobierno; Unidad de Juventud y Género
en el Ministerio de Trabajo; Mesas de Género en los
Ministerios de Educación y Salud, así como
Comisiones de la Mujer en diferentes gobiernos cantonales,
cumpliendo así recomendaciones del Comité
de la CEDAW
95. En el año 2006, el Plan de Igualdad
de Oportunidades –PIO- 2005-2009, fue declarado Política
de Estado, luego de un proceso amplio e inclusivo de consulta
y participación social con miles de mujeres de diversas
regiones del país. Se encuentra estructurado bajo
cuatro ejes de derechos relativos a la participación
social y política; derecho a una vida libre de violencia,
a la paz, a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos
, y acceso a la justicia; a los derechos culturales, interculturales
a la educación, calidad de vida y autonomía;
y, a los derechos económicos, ambientales, trabajo
y acceso a recursos financieros y no financieros.
96. En materia de salud resulta necesario
reglamentar la Ley Orgánica de Salud promulgada en
el 2006 para una mejor promoción de los derechos
sexuales y reproductivos, prevención del VIH-SIDA
y violencia, con la garantía del enfoque de género
conforme lo dispone la ley. Esto va unido a la necesidad
de una mayor difusión y aplicación del Plan
Nacional de Acción en Salud Sexual y Derechos Reproductivos
y adecuación de las normas técnicas correspondientes,
tareas en las que el Estado se compromete a trabajar a través
de las instituciones pertinentes.
97. Cabe destacar la activa intervención
del Estado en la participación equitativa de la mujer
en los procesos políticos y de participación
ciudadana. Por ello y en aplicación de resoluciones
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral,
a partir del 2006 se reglamenta la participación
electoral de hombres y mujeres en las listas pluripersonales,
de manera secuencial y alternada. Sin embargo, constituye
todavía un reto fomentar una mayor incursión
de la mujer en los procesos electorales así como
su participación en las diferentes instancias en
puestos de decisión y ejecución.
98. A través de la implementación
de planes nacionales se busca erradicar la violencia contra
la mujer y en particular, y combatir la trata de personas,
tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual
laboral y otros modos de explotación y prostitución
de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Se
suma también la ejecución del Plan Nacional
para la Prevención y Erradicación del Delito
Sexual en el ámbito educativo. De la misma forma
y en aras de erradicar la extrema pobreza que afecta principalmente
a las mujeres, se ha creado un fondo crediticio PROMUJERES
que funciona en 5 cantones del país. Para esto se
ha incidido en la creación de indicadores de género
en el Plan de Desarrollo Social y Productivo existente desde
el 2007. Además, se prevé que el CONAMU desarrolle
la formulación participativa de la Política
de Mujeres Rurales, mediante el financiamiento de la FAO
para fortalecer y asegurar los derechos de la mujer en todos
los segmentos de la población ecuatoriana.
99. La sociedad ecuatoriana está
consciente de la necesidad de avanzar en la integración
plena de las mujeres en la vida social, económica
y cultural. Por ello asume como desafíos, la incorporación
de una visión transectorial en la formulación
e implementación de políticas, programas y
proyectos para la equidad de género, así como
incluir efectivamente a las mujeres en su diversidad étnico
cultural, por opción sexual y por ubicación
territorial, en todos los procesos de toma de decisiones
del Estado en los niveles central y local. Igualmente, constituye
para el Estado una meta de desarrollo, viabilizar el acceso
efectivo a redes de servicios y protección social
a mujeres en situación de pobreza y extrema pobreza,
ampliar la cobertura de la Ley de Maternidad Gratuita y
Atención a la Infancia. Además el Gobierno
ha previsto la creación del Banco de la Mujer, para
promover una mayor participación de la mujer en el
crecimiento económico del país.
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II.3.2. Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes.
100. El Estado ecuatoriano ha realizado
ingentes esfuerzos desde una perspectiva integral para la
promoción de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes –NNA-.El Ecuador es Parte de la Convención
de Derechos del Niño de Naciones Unidas y otros instrumentos
internacionales en el ámbito del Sistema de Naciones
Unidas .
101. En el ordenamiento jurídico
interno la Constitución incorpora normas que visibilizan
a los niñas, niños y adolescentes como ciudadanos
y ciudadanas sujetos de derechos. Se encuentra vigente desde
2003 el Código de la Niñez y Adolescencia,
el mismo que recoge e incorpora la doctrina y los artículos
de la Convención de los Derechos del Niño.
Para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, se han armonizado
cuerpos legales conforme al Código de la Niñez
y Adolescencia . Además se expidieron 112
ordenanzas de conformación del Sistema Nacional Descentralizado
de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia
de los 219 cantones del Ecuador.
102. En cuanto a institucionalidad, la
Constitución establece un Sistema Nacional Descentralizado
de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia,
encargado de asegurar el ejercicio y garantía de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Este sistema está integrado por tres niveles de organismos:
a. El Consejo Nacional de la Niñez
y Adolescencia –CNNA- organismo cuya función
principal es la definición y vigilancia de la política
pública de protección integral a la niñez
y adolescencia.
b. Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia,
organismos a nivel cantonal encargados de elaborar y proponer
políticas locales al Concejo Cantonal.
c. Organismos de protección, defensa y exigibilidad
de derechos, a través de las Juntas Cantonales de
Protección de Derechos; la Administración
de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia;
y; otros organismos, como son las Defensorías Comunitarias
de la Niñez y Adolescencia y la Policía Especializada
de Niños, Niñas y Adolescentes -DINAPEN-.
103. En el marco del Plan Nacional Decenal
de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia,
el Estado ecuatoriano desarrolla planes nacionales que garantizan
el cumplimiento de las políticas integrales de niñas,
niños y adolescentes, entre otros, el Plan de Erradicación
Progresiva del Trabajo Infantil, la Política Nacional
de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos; Plan Decenal
de Educación; Plan Nacional para la Erradicación
de los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo; el Plan
Nacional para combatir la Trata de Personas, el tráfico
ilegal de migrantes, explotación sexual, laboral
y otros modos de explotación y prostitución
de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía
infantil y corrupción de menores (2006); Plan Estratégico
Multisectorial de la Respuesta Nacional al VIH/SIDA 2007
– 2015; el Plan Nacional de Reducción de la
Mortalidad Neonatal y el Plan Nacional de Prevención
del Embarazo en Adolescentes (2007).
104. En el 2007, el CNNA construye la Agenda
Social de Niñez y Adolescencia que determina seis
políticas, para atender especificidades en las distintas
regiones del país y un conjunto de compromisos articulados
y consensuados con las instituciones que conforman el Consejo.
105. Entre las políticas públicas,
en el año 2004, el Consejo Nacional de la Niñez
y Adolescencia –CNNA- aprobó el Plan Nacional
Decenal de Protección Integral a la Niñez
y Adolescencia, primer documento de planificación
con enfoque de derechos, el mismo que contiene 29 políticas
orientadas a tres grupos de edad: recién nacidos
hasta los 5 años (9 políticas), de 6 a 11
años (10 políticas) de 12 a 18 años
(10 políticas).
106. El Estado ha incrementado la inversión
en programas de atención integral a NNA en situación
de vulnerabilidad. A través del Fondo de Desarrollo
Infantil (FODI), financia los servicios de atención
y desarrollo integral de niños y niñas de
cero a cinco años, de la población más
pobre, que en el 2007 cubrió a 251.578 niños
y niñas, programas que cumplen un mínimo de
90% de estándares de calidad. Por su parte, el Programa
de Rescate Infantil (ORI), en el 2007 registró una
cobertura de 49.233 niños atendidos en 1.465 Centros
Comunitarios de Desarrollo Infantil habilitados a nivel
nacional.
107. Entre los principales logros en la
promoción de los derechos de NNA se destacan, la
construcción del Sistema Nacional Descentralizado
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia;
Propuesta de Niñez y Adolescencia para la Asamblea
Constituyente; la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia
2007-2010; el Convenio con el Consejo Nacional de la Judicatura
para la capacitación a sus funcionarios en el enfoque
de derechos de niñez y adolescencia. La sociedad
civil a través del Observatorio de Niñez y
Adolescencia ha desarrollado índices que permiten
medir el cumplimiento de los derechos de NNA. Además
se declaró como Política de Estado la erradicación
de la violencia de género contra niños, niñas,
adolescentes y mujeres.
108. Existen desafíos que Ecuador
quiere enfrentar. Tales son, la construcción de los
organismos del Sistema Nacional Descentralizado de Protección
Integral a la Niñez y Adolescencia; la mayor participación
social y construcción de ciudadanía de adultos
y NNA en los procesos de exigibilidad requeridos para garantizar
el cumplimiento de las políticas públicas;
la participación de gobiernos locales y organismos
públicos para promover la aplicación rápida
y efectiva de las políticas públicas, con
énfasis en la Agenda Social de la Niñez y
Adolescencia, y principalmente destinar los recursos suficientes
para la ejecución de las políticas públicas
a favor de este sector de la población.
II.3. 3. Derechos de los y las Jóvenes.
109. En el 2001 Ecuador adoptó la
Ley de la Juventud, la que establece la creación
de organismos rectores nacionales y locales de políticas
y cuya población a incidir se encuentra comprendida
entre las edades de 18 a 29 años. A partir de 2006,
Ecuador es Parte de la Convención Iberoamericana
de la Juventud.
110. En 1998 se crearon instituciones con
el objeto de visibilizar a la juventud como un sector con
necesidades y problemas específicos, entre ellas,
la Subcomisión de la Juventud del Congreso Nacional
y la Dirección Nacional de la Juventud del Ministerio
de Inclusión Económica y Social, organismo
nacional que, tiene a su cargo el crear y promover la implementación
de políticas públicas a favor del sector juvenil.
111. En el 2006, la Agenda de Desarrollo
Social incluyó líneas de acción a fin
de construir el Sistema Nacional de Promoción de
Juventud, que implica un organigrama de instituciones como,
el Consejo Nacional de Políticas de Juventud, el
Instituto Nacional de la Juventud, Consejos locales, y también
estableció tareas conjuntas con organizaciones juveniles
con miras a cumplir una Agenda Mínima de Juventudes.
De esto ha resultado la realización de trabajos investigativos
de la situación de los y las jóvenes en el
Ecuador, la creación de un Sistema Integrado de Indicadores
de la Juventud –SIJoven- lo cual ha permitido reconocerlos
en la práctica como un grupo específico a
fin de estudiar sus condiciones de salud, empleo, educación
migración acceso a servicios, entre otros.
112. En el 2007, el Tribunal Constitucional
viabilizó el Derecho a la Objeción de Conciencia
de los jóvenes a prestar el servicio militar obligatorio.
Asimismo, el Municipio de Quito y la Dirección Nacional
de la Juventud, en unión con organizaciones juveniles
del país han promovido campañas dirigidas
a los y las jóvenes, contra la violencia y hacia
una cultura de paz, educación en derechos sexuales
y reproductivos y de prevención del VIH.
En ese año, el Estado con el apoyo del UNFPA y más
de cien organizaciones juveniles elaboró un Plan
Estratégico Anual para presentar propuestas en el
marco de un proceso denominado Acuerdo Nacional.
113. En el marco del Plan Nacional de Derechos
Humanos, la Subcomisión de Derechos Humanos de la
Juventud elaboró el Plan Operativo sobre Derechos
Humanos de los y las Jóvenes, destacándose
en sus líneas de acción el proceso de seguimiento
e implementación de la Convención Iberoamericana.
También trabajó en la capacitación
de promotores de derechos humanos en la ciudad de Quito
en el 2006 y el posicionamiento de los y las jóvenes
como sujetos de derechos. En el 2007 varias instituciones
del Estado se comprometieron en difundir los contenidos
de la Convención, tarea que fue acogida por varias
Secretarías del Estado.
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II.3.4. Derechos
de las personas Adultas Mayores
114. Según el censo del 2001, en
Ecuador existían más de un millón de
personas adultas mayores. Las proyecciones hasta el año
2025 establecieron que esta tendencia acelerada del envejecimiento
de la población ecuatoriana alcanzaría el
13%. Si bien no se han logrado grandes resultados en favor
de este importante grupo, el Estado ecuatoriano ha procurado
implementar actividades en beneficio del mismo, especialmente
a través del Plan Operativo de Derechos de las personas
de la Tercera Edad del Plan Nacional de Derechos Humanos,
destacándose en la última década un
proyecto sui géneris denominado “Papel Nonos”,
iniciativa internacional que ha vinculado a un grupo de
esta población en actividades lúdicas y artísticas.
115. En el 2007 el bono de desarrollo humano
fue ampliado a favor de las personas adultas mayores, así
también se incrementaron las pensiones de jubilación
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, -IESS-, procurando
mejorar las condiciones de vida y atención médica
para este grupo humano. Aún quedan pendientes esfuerzos
en favor de la población adulta mayor, tarea que
el Estado quiere realizar desde la institucionalidad, especialmente
desde el Ministerio de Inclusión Económica
y Social.
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II.3. 5. Derechos
de las Personas con Discapacidad.
116. Ecuador suscribió la Convención
de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
en el año 2007, encontrándose su ratificación
en proceso. El Embajador ecuatoriano Luis Gallegos entregó
un significativo aporte al copresidir el grupo de trabajo
que redactó dicha convención. Asimismo, el
país es Parte de la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad.
117. El Consejo Nacional de Discapacidades
–CONADIS-, es la entidad nacional que desde el año
1992 realiza un trabajo sostenido en protección y
promoción de los derechos de las personas con discapacidad
a nivel nacional. Han promovido el desarrollo de la institucionalidad
tanto a su interior por medio de la creación de la
Procuraduría de Defensa de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, y mediante la creación de redes
de promoción de derechos con otras instituciones.
118. A nivel de legislación interna
se han incorporado normas en la Constitución, relativas
a la prevención, rehabilitación integral,
integración social y equiparación de oportunidades,
así como garantías de acceso de la población
con discapacidad al derecho a la salud, educación,
trabajo y otros. Se encuentra vigente la Ley de Discapacidades
que establece un régimen de prevención, atención
e integración de personas con discapacidades y la
Ley Reformatoria al Código del Trabajo, que contempla
un régimen obligatorio de integración de personas
con discapacidad, en la plantilla laboral de instituciones
públicas y privadas, que llega hoy a un total del
4%.
