Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible

• La Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésima sesión especial sobre el Control Internacional de Drogas, realizada en Viena del 8 al 10 de junio de 1998, reconoció que en la lucha contra el narcotráfico y las drogas ilícitas existen causas estructurales, ligadas a la pobreza, el aislamiento y la marginalidad, por lo que adoptó el concepto de desarrollo alternativo, el cual fue definido como:

“…un proceso para prevenir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que contengan sustancias narcóticas y sicotrópicas a través de medidas de desarrollo rural específicamente diseñadas para ello, en el contexto de crecimiento económico nacional sostenido y esfuerzos de desarrollo sostenible en países que realizan acciones en contra de las drogas, reconociendo las características socioculturales particulares de cada comunidad y grupo objetivo, dentro del marco de una solución global y permanente al problema de las drogas ilícitas.”

• El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a través de la Decisión 458, de 25 de mayo de 1999, identificó como uno de los objetivos de la Política Exterior Común Andina emprender acciones conjuntas en la lucha contra el problema mundial de la droga que, bajo el principio de la responsabilidad compartida y a partir de un enfoque multilateral, promuevan la cooperación internacional en todos los aspectos del problema y, entre otros, para el desarrollo de cultivos alternativos.

• En la Decisión 505, de 22 de junio de 2001, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó el Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, instrumento que busca fortalecer y potenciar los programas nacionales de cada uno de los países andinos a través de la coordinación, cooperación e intercambio de experiencias entre los Países Miembros y mediante la acción conjunta ante terceros países y en foros internacionales. Este Plan aborda además, la coordinación y la cooperación en los ámbitos del control de la producción y el contrabando y desvío de precursores químicos; el desmantelamiento de la infraestructura y organizaciones de producción y transporte; el lavado de activos; y la reducción de la demanda, además del tema del desarrollo alternativo

• Reconociendo el importante papel del desarrollo alternativo en la lucha contra las drogas en el ámbito comunitario andino, los Países Miembros de la CAN, a través del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, decidieron crear el Comité Andino de Desarrollo Alternativo (CADA), a través de la Decisión 549, de 25 de junio de 2003. El CADA está conformado por las autoridades nacionales de los Países Miembros responsables de la lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas y es responsable de asesorar y apoyar al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión de la Comunidad Andina y a la Secretaría General de la Comunidad Andina en materias relativas a la política comunitaria de desarrollo alternativo.

• El CADA, respondiendo a las directrices del Consejo Presidencial Andino para abordar de manera coordinada la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos en la Comunidad Andina, acordó en su quinta reunión, celebrada los días 22 y 23 de junio de 2004, en Lima, Perú, elaborar una Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo, para su presentación en la XVI Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andino de 2005.

• El 15 de julio de 2005, mediante la Decisión 614, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó la Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, el Marco General y el Plan de Acción que tiene por objetivo general contribuir a la reducción de la pobreza y a la cohesión social de los Países Miembros, en las áreas de intervención definidas en esta Estrategia, mediante el establecimiento de los lineamientos de política, los enfoques conceptuales y las metas e indicadores, que orienten las acciones y proyectos de desarrollo alternativo, que sean puestos en marcha, en el marco de las políticas nacionales y comunitarias sobre la materia, con un enfoque integral y sostenible.